El dinero llegó tarde.

En el presupuesto de educación de Chile para 2024, el 20,2% de los recursos del MINEDUC fue a educación superior. El 7,2% fue a educación parvularia. La diferencia no sería llamativa si la ciencia económica no documentara, con décadas de evidencia, exactamente lo contrario de lo que esa distribución sugiere: que el retorno de invertir en los primeros años de vida supera al de invertir en la universidad por un margen que no es marginal. Es de entre 5 y 13 veces. Este reportaje analiza cómo Chile distribuyó su gasto educativo, qué dice la investigación sobre dónde debería invertirse, y qué significa esa brecha para los niños que nacieron en el momento equivocado del sistema.

Chile gasta USD 10.718 por estudiante en educación terciaria y USD 6.347 en educación primaria, según el informe Education at a Glance 2024 de la OCDE. La diferencia es de 1,7 veces a favor de la universidad. Ese patrón —gastar más en los niveles superiores que en los iniciales— es, en alguna medida, común en los países de la OCDE. Lo que hace a Chile distinto es la magnitud y la trayectoria reciente de esa diferencia.

Entre 2015 y 2019, el gasto por estudiante en educación superior creció un 77% en Chile. En el nivel parvulario, el crecimiento fue de 0,81%. En el nivel escolar, 11%. Las tres cifras son del mismo período, en el mismo sistema, en pesos ajustados por inflación. La política de gratuidad universitaria —que el Gobierno de Boric expandió y que concentra la mayor parte del crecimiento del gasto educativo— no tiene un correlato de inversión proporcional en el otro extremo de la cadena.

El dato más llamativo de la comparación internacional: mientras Chile recortaba un 12% su inversión pública en educación infantil entre 2015 y 2021, el promedio OCDE la aumentaba un 9%. Las dos curvas se movieron en direcciones opuestas durante el mismo período. Chile invierte el 2,42% de su PIB en educación superior y el 1% en educación parvularia. El promedio OCDE: 1,48% y 0,91%, respectivamente. Chile casi duplica el esfuerzo OCDE en educación superior. En parvularia, está ligeramente por encima del promedio OCDE en porcentaje del PIB —pero por debajo en cobertura real.

James Heckman recibió el Premio Nobel de Economía en 2000. Desde entonces, una parte central de su trabajo se ha dedicado a medir el retorno económico de las inversiones educativas en distintas etapas de la vida. Sus hallazgos se conocen hoy como la Curva de Heckman, y su conclusión central es precisa: el retorno por peso invertido en educación decrece monotónicamente desde el nacimiento hasta la edad adulta. Invertir en un niño de 0 a 5 años rinde más —en productividad, salud, reducción del crimen, menores costos sociales futuros— que invertir la misma cantidad en un estudiante universitario de 18 años.

Los números que respaldan esa curva son los siguientes. Los programas de prescolar de calidad para niños de 3 y 4 años —el estudio Perry Preschool, seguido por décadas— mostraron un retorno de entre 7% y 10% anual por peso invertido. Los programas de calidad desde el nacimiento hasta los 5 años —el proyecto Abecedarian y CARE, de Carolina del Norte— documentaron un retorno de 13% anual por niño a lo largo de toda su vida. Ese 13% incluye mejor salud, mayor empleo, menos encarcelamiento y mayor productividad tributaria.

"El mayor retorno en el desarrollo de la primera infancia viene de invertir lo antes posible, desde el nacimiento hasta los cinco años, en familias en situación de desventaja. Empezar a los tres o cuatro años es poco y tarde."

— James J. Heckman, Premio Nobel de Economía 2000

¿Cuál es el retorno documentado de la inversión en educación superior? El retorno privado —para el individuo— es positivo y está documentado: la prima salarial universitaria en Chile ronda el 30–45% según la FNE (2026). El retorno social —para el Estado y la sociedad en su conjunto— es más bajo, porque incluye el costo del subsidio y no solo el beneficio. Comparar directamente con el 13% de Heckman para primera infancia sería mezclar metodologías distintas. Pero la dirección de la evidencia es consistente en toda la literatura: el retorno marginal de un peso en educación temprana supera al de un peso en educación superior, especialmente para niños en situación de desventaja socioeconómica.

La razón económica es la complementariedad de habilidades. Heckman la explica con una idea simple: las habilidades se construyen sobre habilidades anteriores. Un niño que desarrolla habilidades cognitivas y socioemocionales en los primeros años aprovecha mejor la educación básica, la secundaria y la superior. Un niño que llega a los seis años sin esas habilidades desarrolladas puede recuperarlas, pero a un costo mayor y con menor eficiencia. La inversión educativa es complementaria, no sustituible: lo que se invierte tarde no reemplaza lo que no se invirtió temprano.

La neurociencia del desarrollo añade una dimensión que la economía sola no captura: el cerebro humano no se desarrolla de manera lineal. Hay períodos críticos —ventanas de plasticidad neuronal— durante los cuales la estimulación tiene efectos que no pueden replicarse después. El lenguaje, el apego, la regulación emocional, las funciones ejecutivas básicas: todas se desarrollan con mayor intensidad y eficiencia durante los primeros años de vida que en ningún otro momento posterior.

La evidencia neurológica y la evidencia económica convergen en el mismo punto: los primeros cinco años de vida son el período de mayor retorno por unidad de inversión. No como afirmación abstracta sobre el valor de la infancia —sino como resultado medible en cohortes seguidas durante décadas, con datos de salud, empleo, ingresos y comportamiento social.

Lo que esto implica para la política pública es concreto: la estructura de gasto de Chile —más por estudiante universitario que por niño en sala cuna, más crecimiento para educación superior que para parvularia— no es simplemente una preferencia política. Es una decisión de inversión que la economía documentada sugiere que está al revés.

Los datos de la Encuesta CASEN 2022, analizados por investigadoras del CIAE de la Universidad de Chile, muestran que solo uno de cada siete niños menores de dos años asiste a sala cuna. La cobertura es baja en términos absolutos —y está distribuida de manera inversa a la evidencia sobre quién más se beneficia de ella.

Los niños de familias con menos recursos son exactamente quienes menos acceden a sala cuna, pese a ser quienes más se beneficiarían de la estimulación temprana. La razón es múltiple: falta de oferta pública, distancia geográfica, barreras burocráticas, y la percepción —documentada en CASEN 2024— de que "no es necesario porque lo cuidan en casa". Esa percepción tiene raíces culturales, pero también refleja la ausencia histórica de una oferta pública de calidad que haga visible el valor del nivel.

En 2025, según el informe de Caracterización de la Educación Parvularia del MINEDUC, la cobertura total del nivel parvulario alcanzó el 61,8%. La OCDE promedia el 85% para el mismo rango de edad (3 a 5 años). El nivel de sala cuna menor (6 meses a 1 año) tiene una cobertura de solo el 13,6%. La matrícula en parvularia ha caído de manera sostenida en los últimos siete años —incluyendo el período post-pandemia, donde la recuperación fue parcial.

La paradoja del cuadro anterior: Chile gasta más que el promedio OCDE como porcentaje del PIB en educación superior, y menos como porcentaje del PIB en educación parvularia en términos de cobertura real. No porque la parvularia carezca de financiamiento en términos absolutos —el 0,70% del PIB que Chile dedica en 2022 supera al promedio OCDE de 0,63%— sino porque ese financiamiento no se ha traducido en acceso universal al nivel donde el retorno es más alto.

Los países escandinavos —Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia— tienen cobertura de educación inicial cercana al 90–95% para niños de 1 a 5 años, con alta calidad docente y financiamiento predominantemente público. Su gasto por niño en educación inicial es comparable o superior al gasto por estudiante universitario. Y tienen, de manera consistente, las tasas de movilidad intergeneracional más altas del mundo desarrollado.

La correlación no es causalidad directa —los países nórdicos tienen también mayor igualdad de ingresos, menor pobreza y sistemas de bienestar más amplios. Pero el mecanismo es conocido: una mayor inversión temprana reduce las brechas de habilidades antes de que se vuelvan difíciles de cerrar, lo que reduce la necesidad de intervenciones más costosas y menos eficientes en etapas posteriores.

Corea del Sur es un caso distinto pero igualmente ilustrativo. Partiendo de niveles de desarrollo similares a los de Chile en los años 60, construyó un sistema de educación inicial universal antes de expandir masivamente la educación superior. Hoy tiene una de las tasas de cobertura en educación inicial más altas de Asia y una economía cuya productividad laboral creció de manera sostenida durante décadas. La secuencia importa.

Francia financia la escuela pública desde los 3 años de manera universal y gratuita — la école maternelle tiene una cobertura de más del 97% para niños de 3 a 5 años. El financiamiento es predominantemente estatal. El resultado en movilidad intergeneracional no es perfecto —Francia también tiene brechas— pero la comparación con Chile en cobertura de los primeros años es elocuente.

El 22 de abril de 2025, el Congreso aprobó la Ley de Modernización de la Educación Parvularia, iniciativa impulsada por el MINEDUC como parte de la Agenda Sala Cuna para Chile. La ley establece un registro y organización de la oferta de educación parvularia, y es descrita por el Ministerio como un primer paso hacia una mayor cobertura y calidad.

El proyecto de Sala Cuna Universal —que buscaría garantizar acceso a sala cuna para todos los niños, independientemente del nivel socioeconómico de su familia— sigue en tramitación legislativa. La discusión combina argumentos de política de género (incorporar a más mujeres al mercado laboral), política social (reducir brechas de desarrollo en primera infancia) y política económica (el retorno de largo plazo de la inversión temprana).

El debate financiero es real: ampliar la cobertura de sala cuna a niveles que se acerquen a los estándares OCDE tiene un costo fiscal significativo. Pero ese costo tiene que medirse contra el costo de la alternativa —que es lo que actualmente ocurre cuando los niños de familias de menores ingresos llegan a la educación básica con brechas de desarrollo que serán más caras y difíciles de cerrar en etapas posteriores. La FNE documentó en enero de 2026 que el 40% de los estudiantes está matriculado en carreras con VPN negativo. Parte de esa historia empieza mucho antes de que esas personas eligieran carrera.

En los otros reportajes de esta serie documentamos una brecha de 170 puntos PAES entre colegios particulares pagados y municipales. Esa brecha se construye en doce años de escolaridad. Pero se empieza a construir antes.

Las investigaciones de neurociencia del desarrollo muestran que las diferencias en vocabulario entre niños de familias de altos y bajos ingresos son medibles a los 18 meses de vida. Para los 3 años, los niños de familias con mayores recursos han acumulado decenas de millones más de palabras escuchadas que sus pares de familias de menores ingresos —el llamado "30 million word gap" de Hart y Risley (1995), replicado en múltiples contextos culturales. Esa diferencia en vocabulario predice el rendimiento en lectura en básica, que predice el rendimiento en PAES, que predice el acceso a las carreras de mayor retorno documentado.

La brecha que medimos en el proceso de admisión 2026, entre los 440 colegios particulares pagados (PAES promedio 731 pts) y los 525 municipales (561 pts), no surgió en cuarto medio. Empezó en los primeros años de vida, se consolidó en la educación básica, y llegó verificada al examen de admisión. Un sistema de educación que invierte más en el extremo final de esa cadena que en el inicial está interviniendo tarde —y a mayor costo por unidad de impacto.

Este reportaje no cuestiona el valor de la educación superior ni la política de gratuidad universitaria. La evidencia de que estudiar en las carreras correctas, en las instituciones correctas, genera retornos reales está documentada y es consistente —como analizamos en "¿Rinde estudiar en Chile?".

Lo que cuestiona es la secuencia y la distribución del esfuerzo fiscal. Chile construyó en la última década un sistema de financiamiento de educación superior que es, como porcentaje del PIB, el más alto de la OCDE. Lo hizo mientras la inversión en el nivel donde el retorno marginal por peso es más alto —la primera infancia— caía un 12% y la cobertura se estancaba diez puntos por debajo del promedio OCDE.

La paradoja es documentable: Chile tiene una de las primas salariales universitarias más altas de la OCDE —un egresado universitario gana en promedio un 161% más que alguien con solo secundaria completa, la mayor brecha del bloque— y a la vez tiene una de las distribuciones de gasto educativo más sesgadas hacia la educación superior. El sistema remunera más la credencial universitaria que cualquier otro país comparable, y al mismo tiempo invierte menos en la etapa donde se construyen las bases que determinan quién llega a esa credencial.

"La mayor parte de la disparidad en el gasto por estudiante entre países de la OCDE refleja diferencias en niveles de ingreso nacional. En Chile, la inversión en educación de primaria a superior se sitúa en el 5,9% del PIB, por encima de la media OCDE del 4,7%. Pero la cobertura de parvularia permanece 10 puntos porcentuales por debajo del promedio OCDE y no ha variado desde 2013."

— OCDE Education at a Glance 2025

La conclusión que emerge de cruzar la evidencia de Heckman sobre retornos tempranos, los datos OCDE sobre distribución del gasto chileno y la evidencia de neurociencia sobre ventanas de desarrollo es la misma en los tres frentes: Chile está invirtiendo bien en el extremo equivocado de la cadena. El debate sobre gratuidad universitaria —que ocupa el centro de la discusión política— importa. Pero es el debate del final de la historia. El inicio de la historia empieza antes del colegio, y allí la discusión pública ha sido, comparativamente, silenciosa.